Desde
la Consejería de Turismo y Oficina de Empleo y Desarrollo de Comarca del
Jiloca, se organiza la 11ª edición del certamen de tapas Comarca del Jiloca que se
va a celebrar los fines de semana 17, 18, 19 y 24, 25, 26 de Marzo.
Para este año, se introduce la novedad de que se va a realizar un acto de
presentación previo. En concreto se realizará el próximo miércoles 1 de marzo a
partir de las 18:00 en el restaurante Selección de Calamocha, donde el jurado
conocerá, probará y evaluará las tapas del Certamen.
Cabe destacar también, la presencia de María José Meda como miembro del jurado,
responsable de la cocina del Restaurante El Batán, única Estrella Michelín de la
provincia de Teruel.
Con la colaboración entre institución y empresarios, se pretende seguir creciendo
en una actividad consolidada dentro del calendario de actos de la Comarca, que
pone en valor el buen hacer gastronómico de los establecimientos locales, así como
dinamizar dos fines de semana de bajo reclamo turístico, generando actividad y
consumo dentro de los sectores implicados.
Durante las fechas que dure el certamen, los hosteleros del Jiloca, ofrecerán a sus
clientes sus conocimientos culinarios y dedicación en forma de pequeños manjares
o como nos gusta llamar “Gastronomía del Jiloca en miniatura”. Una de estas
delicatessen, será reconocida por la valoración de un jurado y votación popular,
como la mejor tapa del Jiloca 2017.
LOS EDUCADORES SOCIALES JILOCANOS SOLICITAN LA CREACIÓN DE UNA LEY DE REGULARIZACIÓN PARA SU PROFESIÓN
En la Oficina Delegada de Calamocha-Teruel el pasado martes 28 de febrero, se ha presentado por el educador y educadoras sociales residentes en la Comarca del Jiloca una petición dirigida al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con relación a la creación de una Ley de regulación de la profesión de educación social.
Los educadores sociales Jilocanos que se han dado cita han sido los siguientes: Carmina Franco, vocal territorial de Teruel del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón; Aurora Moreno, vocal de Tercera Edad en dicho colegio profesional; Joaquín Martín, educador social de los servicios sociales de base de la Comarca del Jiloca; y las colegiadas Ana González y Susana León.
Las consideraciones que se especificaban en dicho escrito han sido las siguientes:
Justificación de la necesidad de promulgación de una ley de regularización de la profesión, siendo imprescindible el abordaje de determinadas necesidades sociales con actuaciones específicas. Entendiendo la Educación Social como una prestación educativa al servicio del cumplimiento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho. Por todo ello la Educación Social es una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y de acciones mediadoras y formativas.
En dicha petición se recuerdan las funciones de los profesionales de la Educación Social en la sociedad actual, abarcando amplios e importantes campos de intervención profesional, entre los que se encuentran las adicciones, el desarrollo comunitario y la participación ciudadana, la diversidad funcional, la educación ambiental, la educación para la convivencia, la educación de las personas adultas, la educación y orientación familiar, la prevención de la dependencia, la igualdad de género y prevención de violencia, las instituciones penitenciarias y de inserción social, la infancia y juventud, la mediación, la salud mental, el tiempo libre, animación y gestión cultural; sin olvidarse de los servicios sociales municipales y comarcales; a pesar de que la introducción de este perfil profesional en servicios sociales ha sido progresiva a lo largo de los últimos veinte años, es sin duda en el campo de los centros de atención a menores en el que se produce mayor presencia de los profesionales de la Educación Social.
La figura del Educador y la Educadora Social existe tanto en la empresa privada como en la Administración Pública, si bien, la falta de regularización de la profesión hace que no estén claros los límites y el alcance de la misma, produciéndose intrusismo profesional y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional, así como de las funciones asignadas a la misma.
Por ello se hace necesario adecuar la denominación de Educador/Educadora Social a los cargos ocupados, con los requisitos necesarios para el acceso en función de la titulación y elaboración de planes de desarrollo de las acciones que se deben ejecutar; siendo imprescindible unos fundamentos de Derecho y un marco normativo académico que les de cobertura.
