La estrategia política del nuevo Gobierno de Aragón en materia de Hacienda y Administración Pública pretende reorientar la actividad económico-administrativa hacia patrones de conducta eficientes. Según el consejero “hacer política a caballo del crecimiento y del gasto desbocado no es hacer política, es gastar, por eso este Gobierno quiere tener una visión positiva, una visión de cambio, ser patrón de confianza desde la verdad de las cuentas públicas, desde la estabilidad en el presupuesto y desde la modernización de las Administraciones Públicas”.
A) Medidas presupuestarias
El Gobierno de Aragón ha comenzado el proceso de elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, que como ha avanzado Mario Garcés serán “austeros y concordantes con la situación económica regional para depurar los gastos innecesarios y preservar servicios esenciales como educación, sanidad, justicia y servicios sociales, donde hay margen de mejora y debe quedar claro que racionalizar el gasto no es recortar prestaciones”. El presupuesto para 2012 será compatible con el objetivo de estabilidad y partirá de la reformulación de un nuevo plan de reequilibro realista y ejecutable.
El Gobierno de Aragón presentará a lo largo de los próximos meses una Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Transparencia, que incluirá la obligación de fijar un techo de gasto no financiero en el presupuesto de la Comunidad, así como instrumentos de gestión presupuestaria que reduzcan el impacto de las modificaciones alcistas de los créditos presupuestarios. Una de las principales novedades de esta ley es que contendrá un fondo de reserva para prestación de servicios sanitarios y sociales que se nutrirá con los excedentes que haya en etapas de superávit presupuestario.
Asimismo, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de un Plan de Racionalización del gasto Corriente que verá la luz en las próximas semanas y que incluirá medidas como la desaparición de las ayudas inespecíficas que –recuerda Garcés- “venía concediendo de forma discrecional el Gobierno de Aragón, para lo que derogaremos el Decreto que daba cobertura a esta práctica”. Además, a partir del próximo año y una vez que se modifiquen las bases reguladoras y las convocatorias de subvenciones se exigirá a todas las Administraciones Públicas receptoras de subvenciones, ayudas o convenios la aprobación igualmente de medidas de contención del gasto público como requisito necesario. Del mismo modo el Consejo de Gobierno va a aprobar un acuerdo de retención de crédito dentro de los márgenes de disponibilidad presupuestaria existentes a esta fecha. Los diferentes Departamentos han estado trabajando para identificar las partidas en las que esta medida puede llevarse a cabo.
También en los próximos meses se va a poner en marcha una estrategia de racionalización del patrimonio público inmobiliario de Aragón en la que ya se está trabajando, adoptando tras el análisis de cada inmueble la solución más eficiente y enajenando aquellos que por sus características y rentabilidad privada puedan tener un mercado de adquisición.
El consejero de Hacienda y Administración Pública ha adelantado la elaboración de un Proyecto de Ley de Subvenciones y Ayudas Públicas que “garantice que las ayudas tienen utilidad efectiva y que generan beneficios sociales y económicos, mejorando los sistemas de control y erradicando los gastos innecesarios”.
La auditoría actualmente en curso que estará finalizada previsiblemente a lo largo del mes de octubre pretende identificar las áreas de riesgo en las que hay obligaciones de gasto sin cobertura presupuestaria y analizar la posición de riesgo del sector público empresarial. Las decisiones sobre la viabilidad de cada entidad se adoptarán a partir de los resultados obtenidos.
B) Medidas administrativas e institucionales
El Gobierno afronta la segunda fase del proceso de reforma del sector público administrativo e institucional comenzada semanas atrás con un recorte severo de altos cargos y personal de confianza que reportará un ahorro en torno a 18 millones de euros en toda la legislatura. El siguiente objetivo es aprobar en septiembre todas las estructuras de los Departamentos del nuevo Gobierno.
En el ámbito administrativo el consejero de Hacienda se ha referido al proceso profundo de regularización de la situación de provisión de puestos de trabajo que se va a desarrollar a partir de ahora con el objetivo fundamental de poner fin a la tasa de provisionalidad que hay en la Administración de la Comunidad, fruto de las adscripciones provisionales y comisiones de servicios que se han utilizado para dotar estas plazas. A su parecer “la dotación de plazas ha de hacerse siempre bajo criterios de mérito y capacidad, porque fuera de esos principios constitucionales no hay nada. Por consiguiente, en la medida en que esa tasa de provisionalidad no haya sido contraria a estos principios, nada hay que temer en este proceso de regularización”.
También se intensificarán los esfuerzos por seguir modernizando la Administración, mediante la progresiva implantación de procedimientos telematizados al servicio de los aragoneses. Otro objetivo pasa por retomar el desarrollo en Aragón del Estatuto Básico del Empleado Público y presentar a lo largo de esta legislatura una Ley aragonesa de Empleo Público, para la que se buscará con todos los sectores un consenso amplio, desde la responsabilidad y la determinación institucional.
C) Medidas tributarias
Es el capítulo de medidas tributarias, el consejero de Hacienda y Administración Pública ha expuesto en su comparecencia su voluntad de “intensificar los trabajos de inspección, para combatir enérgicamente el fraude de los tributos gestionados en Aragón”, añadiendo que “en un momento económico como el actual, debemos ser severos y penalizar a aquellos contribuyentes que incumplen sus obligaciones tributarias, porque es un deber moral y social”.
En segundo lugar, está previsto derogar para 2012 el impuesto de tendidos aéreos, buscando a la vez que esta eliminación revierta en mejores servicios a los usuarios de las estaciones de esquí.
Finalmente, a lo largo de la legislatura, se cumplirá el compromiso de reducción de la tributación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La implantación de esta medida se llevará a cabo en el momento adecuado y en función de la evolución del conjunto de las magnitudes de nuestro presupuesto.
